El fantasma de la corrupción y el PND

De esto ya habíamos hablado hace unos días; sin embargo, surgen cada día más opiniones, análisis y denuncias que me obligan a ampliar este artículo sobre los apartes del PND que reviven el fantasma de la corrupción en Colombia.

La propuesta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, ‘Colombia potencia mundial de la vida’, ha generado controversias y preocupaciones en el ámbito de la contratación pública en Colombia. El Artículo 76, en particular, plantea la posibilidad de que, en nombre de la inclusión y la equidad, se abran las puertas a la corrupción y al mal uso de los recursos públicos.

Al analizar la propuesta del Artículo 76, se hace evidente la necesidad de promover un enfoque más balanceado que permita la inclusión de grupos vulnerables y excluidos, sin comprometer la transparencia, la eficiencia y la calidad en la ejecución de los proyectos financiados con recursos públicos.

Más allá del Artículo 76, el PND presenta otros aspectos preocupantes en relación con la contratación pública. Por ejemplo, el Artículo 72 establece que “todas las inversiones y programas proyectados a ejecutarse en las regiones deberán contratar como mínimo el 50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de obra con las capacidades que requiere la ejecución de las inversiones y programas”. Esta medida, aunque puede generar beneficios en términos de desarrollo local, también podría generar situaciones de corrupción y clientelismo político, especialmente si no se garantiza una adecuada supervisión y control.

Otro punto crítico es el Artículo 249, que modifica las condiciones de los Pactos Territoriales establecidas en el Plan de Desarrollo del Gobierno pasado, transformando el Fondo Regional para los Pactos Territoriales en un patrimonio autónomo. Esto puede generar falta de transparencia en la administración y ejecución de los recursos destinados a la implementación de los pactos territoriales, lo que podría propiciar situaciones de corrupción.

El Artículo 313, que modificaría la Ley de Contrataciones Públicas, también es motivo de preocupación. De ser aprobado como está el texto, permitiría la contratación abreviada (sin necesidad de licitación) para el mantenimiento o mejoramiento de infraestructura social y de transporte, con cabildos indígenas. Aunque se busca agilizar los procesos de contratación, esta medida podría debilitar la transparencia y generar oportunidades para la corrupción.

Frente a estas preocupaciones, me siento en la obligación de manifestar mi inquietud sobre la ambigüedad del PND y el riesgo que supone el "cambio" propuesto. Si bien es innegable que la inclusión y la equidad son objetivos loables, es esencial garantizar que estos no se logren a expensas de la transparencia, la eficiencia y la calidad en la contratación pública.

Como colombiano, espero que el gobierno y el Congreso trabajen conjuntamente para encontrar un equilibrio adecuado entre la promoción de la inclusión y la garantía de eficiencia y calidad en la contratación estatal. No podemos permitir que el fantasma de la corrupción siga rondando nuestra nación, socavando la confianza en las instituciones públicas y limitando nuestro desarrollo y bienestar.

Es imperativo que el Gobierno y el Congreso de Colombia adopten un enfoque proactivo en la lucha contra la corrupción y trabajen juntos para abordar este problema de manera integral. Esto incluye revisar y ajustar las propuestas del PND para garantizar que no se generen incentivos para la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.

Colombia no aguanta más.