La estrategia de la tensión

La crisis actual del suministro de gas natural en Colombia es un claro indicador de la falta de preparación y la gestión inadecuada del gobierno y su interlocución con los operadores. A pesar de ser una economía con una dependencia significativa del gas natural, la falta de planes de contingencias efectivos frente a este tipo de incidentes es alarmante.

A esto debemos agregar que, la falta de claridad sobre las causas de la "anomalía" y cómo manejarla, demuestra una falta de comprensión y capacidad para manejar este tipo de incidentes. Aunque se ha sugerido que el incendio subterráneo puede ser la causa, aún está por verse si el gobierno tiene la capacidad o intención para manejar y resolver este problema de manera efectiva.

Por cuenta de ello, el suroccidente de Colombia atraviesa una preocupante crisis. La “anomalía térmica” en las laderas del volcán inactivo Cerro Bravo, que generó temperaturas subsuperficiales de hasta 600 grados Celsius, ha sido la causa aparente de esta suspensión. Sin embargo, ¿es esto realmente una crisis natural o existe un trasfondo político que debemos examinar? Me atrevo a cuestionarlo, pues existe también la hipótesis de la minería ilegal como posible fuente del incendio subterráneo.

En todo caso, los hogares, comercios e industrias en las regiones afectadas se encuentran en un estado de incertidumbre y dificultad sin precedentes. Se calcula que cerca de dos millones de personas están siendo afectadas por la interrupción del servicio de gas. El comercio y la industria, el motor económico de la región, se encuentran en una posición crítica. Se han visto obligados a buscar alternativas más costosas para mantener sus operaciones, mientras lidian con la pérdida de ingresos y la inseguridad que esta crisis ha traído consigo.

Esta crisis se presenta en un momento en que el gobierno colombiano ha adoptado una postura firme contra la exploración de nuevas reservas de gas, a pesar de los informes que muestran una reducción preocupante en las reservas actuales. En este contexto, no puedo evitar cuestionar si esta crisis es una conveniente excusa para el gobierno para justificar su política de no exploración y, lo que es más preocupante, para abrir la puerta a la importación de gas desde Venezuela.

La propuesta de importar gas de Venezuela es un exabrupto. No solo tendría implicaciones económicas negativas, como la pérdida de empleos y un aumento en el costo del gas para hogares e industrias, sino que también implicaría un giro geopolítico con repercusiones potencialmente nefastas. Aceptar la dependencia de un régimen como el de Venezuela, con todas las tensiones políticas existentes, no solo sería imprudente sino también peligroso.

Es intrigante considerar si esta crisis, con su oportunidad para la importación de gas venezolano, es de alguna manera una situación orquestada o al menos una conveniente coincidencia para el gobierno. Si bien no tengo pruebas concretas de tal afirmación, la serie de eventos y las decisiones políticas recientes ciertamente plantean preguntas.

No podemos permitir que la seguridad energética de Colombia se vea comprometida por una política irracional de no exploración o, peor aún, por un plan maquiavélico para depender de las importaciones de gas de un país con un régimen político problemático. La crisis actual del gas es un llamado a la acción para que el gobierno reevalúe su postura y considere una política energética más diversificada y autónoma.

La crisis del gas en Colombia debe ser un llamado a la vigilancia y a la crítica política. No podemos permitir que nuestras necesidades y soberanía energética sean utilizadas como un juego de ajedrez político. La importación de gas desde Venezuela no es una solución, es un camino hacia una mayor inseguridad y dependencia que debe ser rechazada con vehemencia por todos.