El esperpento democrático de un “presunto” regimen

La consulta popular, la constituyente, no son otra cosa que la amenaza al orden jurídico.

Colombia se aproxima peligrosa y velozmente al abismo de la anomia constitucional. Desde la retórica incendiaria del presidente Petro hasta los delirios institucionales del nuevo ministro de Justicia, Montealegre, todo apunta a un mismo propósito: destruir el marco de garantías y pesos y contrapesos que hacen posible una democracia funcional, para reemplazarlo por un aparato amañado y diseñado a la medida de un proyecto ideológico. No uno que busca mejorar el país, sino uno que pretende rehacerlo desde sus escombros.

La idea de una asamblea constituyente, promovida bajo el ropaje de una supuesta “democratización” del Estado, no es más que un intento desesperado por esquivar las reglas vigentes, silenciar a los órganos de control y perpetuar una narrativa sin legitimidad. En un país con instituciones golpeadas, pero aún vivas, plantear una refundación constitucional al margen de los canales legítimos no es una propuesta. Parece mas bien una amenaza.

La consulta popular que pretenden imponer a las malas, además de ser jurídicamente insostenible como medio para cambiar la Constitución (salvo que se instrumentalice como ardid), busca generar un plebiscito emocional no social, cargado de consignas y falacias, para validar un salto al vacío. Es el uso populista de las herramientas democráticas para aniquilar la democracia misma. Ya lo advirtió la historia y lo padece hoy América Latina.

A esto se suma la declaración preocupante del ministro Montealegre, quien, en abierta insubordinación institucional, ha dicho que no aceptará los fallos que eventualmente emitan las Cortes si contradicen su visión política. ¿Qué clase de ministro de Justicia -en una república seria- anuncia de antemano su desacato judicial? ¿Qué respeto puede esperarse por el Estado de Derecho de quien reduce la justicia a un capricho de su jefe político?

Lo que se gesta es una peligrosa mutación autoritaria: un régimen que simula participación para imponer sumisión; que utiliza las urnas como barniz para el abuso, y que se encierra en su narrativa para no responder por sus errores.

Como ciudadanos, como empresarios, como actores de una sociedad plural que aún cree en la libertad y la legalidad, no podemos ser espectadores silenciosos. Cada intento de subvertir el orden constitucional debe ser denunciado, documentado y resistido.

La Constitución de 1991 no es perfecta, pero no se reforma con arengas ni se dinamita con encuestas. Se defiende con carácter.