Es en democracia no en derecho

Hace unos días debatíamos acerca de las repercusiones que acarrea para el presidente Petro la imputación de cargos y aprehensión de su hijo. A lo largo de la semana, se han desvelado más detalles acerca de la financiación. Asimismo, hemos sido testigos de declaraciones de prominentes defensores del gobierno nacional, ya sean líderes políticos o sociales. Mientras que algunos han optado por distanciarse claramente de dicho respaldo brindado previamente al gobierno, otros persisten en su lealtad.

En mi columna anterior planteaba algunas reflexiones. Primero, pronosticaba que el esperado trimestre de calma en el Congreso de la República sería ahora de tres años. Sostenía que estos venideros tres años se perfilan como un período repleto de tensión, consternación e incertidumbre. No obstante, subrayaba la necesidad de ser astutos y meticulosos en nuestra aproximación hacia dicho periodo. Ante la avalancha de evidencias presentes y futuras que, sin duda, aflorarán, y las indagaciones que se desplegarán, algunos individuos o facciones políticas buscarán, a través de mecanismos legales, interrumpir el mandato presidencial, posiblemente declarándolo ilegítimo y abogando por su destitución.

Argumentaba que tal ruta no es, de hecho, la más propicia. Dicha senda podría precipitar al país hacia un estado de ilegitimidad y una rotación frecuente de líderes, tal como acontece en países como Perú y Ecuador. A raíz de dicha perspectiva, varios lectores se pronunciaron; algunos, con claro disgusto, me cuestionaron por mi aparente optimismo excesivo.

En tal sentido, permítanme enfatizar que no se trata de un mero optimismo, sino de una lógica fundamentada y una evidencia que respalda mi postura. Es comprensible que algunos aspiren, ya sea por medios legales o de hecho, a desviar el curso de esta presidencia. Sin embargo, las secuelas de tal acción podrían ser más devastadoras para la democracia que meramente perseverar con determinación, visión y perspicacia durante estos tres años, propiciando un viraje democrático, que bien podría iniciarse a partir del próximo 29 de octubre.

Es imperativo recordar que Colombia es una nación cimentada en sus robustas instituciones. La República de Colombia halla su sostén en entidades como la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros. Precisamente esas instituciones, a las que alguna vez aludí, son las que se intenta desacreditar y reconfigurar, con el fin de edificar, en su lugar, entidades alternativas fundamentadas en movimientos sociales e ideologías que, paulatinamente, captan más simpatizantes.

Atacar la legitimidad de un presidente, supondría alimentar esa misma narrativa y por ende caer en su estrategia, de tal forma que, y en virtud a un planteamiento estratégico, nuestra postura debe ser contraria, esto en el sentido de defender y procurar la legitimidad de la institución no la del individuo. Pero debemos tener tacto, pues el ataque a uno puede suponer la vulneración de lo otro.

En esencia, esto es lo que se halla en la balanza. Si como ciudadanos permitimos la erosión de este marco institucional, estaríamos amenazando nuestra democracia, colocando sobre nosotros una amenazante espada de Damocles.

Ahora bien no se equivoquen, pues vienen tiempos difíciles. Seremos testigos de un agudizamiento en la violencia, la inseguridad y en la legitimación de acciones contrarias a la ley, la paz y la libertad. Será imperativo que demostremos astucia y fortaleza para sortear este periodo obscuro de la nación, porque, insisto, solo serán tres años, ni uno más.