Todo al revéz

No se trata de negar que una parte de esta reforma laboral tenga efectos positivos sobre ciertos trabajadores. Sería torpe afirmar lo contrario. Subir los recargos dominicales, mejorar las condiciones de los aprendices o exigir que las plataformas digitales aporten al sistema de seguridad social puede, en apariencia, acercar a Colombia a estándares más dignos. Sin embargo, el problema no está en el qué, sino en el cuándo, el cómo y sobre todo, en el para qué.

Porque legislar de espaldas al ciclo económico es una torpeza histórica. Y este gobierno, que ha demostrado una preocupante incapacidad para leer la coyuntura, insiste en imponer reformas estructurales justo cuando la economía se tambalea. Una economía sin crecimiento real, sin confianza, sin inversión y con señales claras de agotamiento interno, no puede asumir una reforma de esta magnitud sin consecuencias severas.

La miopía de la reforma no es casual; es deliberada. La narrativa oficial pretende venderla como un acto de justicia social, cuando en realidad se convierte en una carga estructural sobre el aparato productivo. No es una reforma laboral, es una reforma contra el empleo formal. En lugar de fomentar la contratación, desincentiva. En lugar de premiar al empresario cumplido, lo castiga. Y en lugar de generar confianza, alimenta la informalidad que dice combatir.

No hay sintonía entre la política económica del Ejecutivo y la realidad del país. Mientras la DIAN embarga a diestra y siniestra, crea fórmulas de recaudo agresivas y estrangula la caja de las empresas, el Ministerio de Trabajo les exige asumir nuevos costos laborales que, en muchos casos, son simplemente inviables. Mientras la inflación sigue erosionando el ingreso disponible, el Gobierno responde elevando la nómina empresarial en un promedio que puede superar el 20 % del ingreso bruto. Y mientras los gremios advierten sobre la pérdida de competitividad, el discurso oficial los acusa de insensibilidad o egoísmo. Esa es la lógica perversa del socialismo y de su mejor expositor: dividir, confrontar y señalar.

Pero lo más grave no es la reforma. Lo más grave es lo que la rodea. En paralelo, el presidente insiste en una consulta popular sin fundamento jurídico ni viabilidad política, diseñada a la medida de su ego político y no de las necesidades del país. Una consulta costosa, oportunista, que ya fue rechazada por el Congreso, frenada por la Registraduría y observada con preocupación por las cortes. Persistir en ella es una demostración de autoritarismo, no de liderazgo.

Estamos, entonces, frente a un gobierno que no gobierna; improvisa. Que no negocia; impone. Que no escucha; sermonea. Que no construye; destruye. Y esta reforma laboral es una evidencia más de ese talante. Se legisla como si el país estuviera boyante, cuando en realidad estamos al borde del abismo. Se aprueban nuevas cargas sin resolver las anteriores. Se exige más a quienes producen, sin ofrecer garantías a cambio. Y se culpa al mercado cuando la economía se detiene, pero no se asume responsabilidad desde el Estado.

Por todo lo anterior, esta no es una reforma para la historia. Es una reforma para el archivo de los errores. Un monumento a la soberbia tecnocrática y a la desconexión política. Un golpe bajo al empleo en el peor momento. Y una prueba más de que este gobierno no gobierna con criterio, sino con ideología.